lunes, 1 de septiembre de 2014

1 de septiembre de 1840. ¡Abajo la Ley de Ayuntamientos!



A la altura de la primavera de 1840 la Guerra Carlista había acabado en el frente del Norte y estaba próxima a terminar en el del Maestrazgo, pues el ejército de Espartero había lanzado la ofensiva definitiva contra las posiciones de Cabrera. En el poder, bajo la regencia de la absolutista María cristina de Borbón, se encontraba el gobierno liberal moderado de Pérez de Castro. Este había disuelto unas Cortes, de mayoría liberal progresista, al finalizar el año 1839, y ganado una nuevas elecciones en enero de 1840, si bien con una corrupción inusitada hasta para aquél tiempo, lo que provocó airadas protestas de los progresistas y altercados populares (véase: http://lamiradahistorica.blogspot.com.es/2013/11/rodea-el-congreso-version-1840.html).

Con unas Cortes adictas de mayoría moderada, con el beneplácito de la Regente y esperando obtenerlo del héroe y "poder" del momento, Baldomero Espartero, el gobierno moderado se dispuso a dinamitar el régimen que había instaurado la Constitución liberal-progresista de 1837  (véase http://zaguan.unizar.es/record/12415?ln=es) y que. recuperando la legislación doceañista, hacía de los poderes locales pieza clave del sistema, espacio predilecto de participación de la Ciudadanía, ya que la mayoría de varones residentes en pueblos y ciudades tenían el Derecho a elegir a sus ayuntamientos -si bien mediante un sufragio indirecto en dos grados-. Los moderados, siempre predispuestos a sacrificar la Libertad en nombre del Orden, a los que se les escapaba el control de esos poderes municipales electos por lo que para ellos era "chusma", y con las manos ya libres tras el fin de la guerra civil, se dispusieron en la primavera y verano de 1840 a llevar a cabo sus planes.

Derrotados los carlistas, desterrado el absolutismo en los campos de batalla, lo que estaba en juego era le modelo de Estado liberal que construir ¿moderado, centralizado, con predominio absoluto del poder ejecutivo, sumamente restringido y oligárquico y doctrinario o bien progresista, con suave centralización/moderada descentralización, con un poder legislativo más fuerte, restringido en el ámbito nacional pero abierto en lo local? Las cartas estaban sobre la mesa.

En los años precedentes, desde la victoria de Luchana en 1836, todos habían intentado atraerse a Espartero. Él era el verdadero poder: contaba con el favor de la regente, gozaba de inmensa popularidad entre las clases populares y la Milicia Nacional y controlaba un ejército, todavía por aquél entonces con ánimos revolucionarios. Espartero tenía clara sus fidelidades: a la reina Isabel II y a la Constitución de 1837, tenía una concepción meritocrática de la sociedad, odiaba las intrigas políticas y palaciegas y, tras la Paz de Vergara y ser recibido en pueblos y ciudades en loor de multitudes había caído rendido ante el amor del Pueblo.  Los moderados cometieron el error de intentar atraerse a Espartero mediante las intrigas de Miraflores, mientras que los progresistas le hablaron de la inconstitucionalidad de la legislación moderada, se presentaron a él no como partido sino a través de los ayuntamientos populares, en nombre del idealizado Pueblo que idolatraba a Espartero. 

La Ley de Ayuntamientos propuesta por los moderados y que con su mayoría aprobaron en el Congreso consistía esencialmente en eliminar la elección de los alcaldes que pasarían a ser nombrados por la Corona, en la práctica, por el gobierno. La legislación doceañista (de las Cortes de 1810-13 y del Trienio Constitucional) daba el voto en las elecciones municipales a todo varón mayor de 25 años con casa abierta en el municipio, lo que hacía que alrededor de 2'5 millones de españoles pudieran votar en las municipales (frente a los 450.000/700.000 que podían votar a Cortes con la ley progresista de 1837 o los 100.000 que podían votar con la ley moderada de 1846, o los 250.000 personas que podían votar por aquella época en Francia). Esto significaba una locura a ojos de los moderados, pues el derecho al voto era "tan lato que pueden entrar [hasta] los proletarios", además los ayuntamientos tenían amplias competencias, estando entre ellas el manda a la Milicia Nacional. Así pues, Madrid contaba con 8 batallones. Un ayuntamiento que en esta época siempre estuvo en manos progresistas. Esto era inadmisible para unos moderados que veían en los poderes locales una hidra de la revolución que no podían controlar. Para ello, lo primero era restringir el censo electoral ¡que era eso del sufragio universal aunque fuera en dos grados! Planteaban  un máximo de 11.722 electores para Madrid (con 224.00 habitantes), 6.712 para Barcelona (118.000 hab.), 6139 para Valencia (106.000 hab.) y 5423 para Valencia (91.000 hab.). Obviamente esos votantes eran los mayores contribuyentes del lugar, es decir, los más ricos, solo la alta burguesía y alta nobleza. Y los alcaldes dejaban de estar elegidos por los concejales para pasara  ser designados por el ministerio de la Gobernación. Además, las atribuciones municipales quedaba reducidas a dos: nombrar empleados bajo su servicio y admitir facultativos de medicina, veterinaria, maestros... En definitiva, recortar cualquier atisbo de participación ciudadana. 

El proyecto fue presentado en  las Cortes el 21 de marzo de 1840 pero su aprobación no llegó inmediatamente. La situación era tensa y se complicaba por momentos. Faltaba la sanción de la reina regente. Ésta no se atrevió, a pesar de su ideología absolutista, a sancionar dicha ley de primeras, quería asegurarse de que contaba con el apoyo de Espartero, con quien había mantenido buena relación hasta entonces. Para ello inició un viaje, con su hija Isabel II y parte del gobierno, desde Madrid a Barcelona, donde se encontraba el general Conde de Lucha, Duque de la Victoria. Era verano, y en su caluroso viaje solo encontró frialdad de las poblaciones, cuando no desprecio. Para ella resultó una insolencia que los ayuntamientos le recibieran con exposiciones y manifiestos en contra de la Ley de ayuntamientos, con  pancartas recordando el articulo 70 de la Constitución de 1837 "Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes la ley conceda este derecho". El primer jarro de agua fría se lo llevó en el pueblo zaragozano de El Fresno donde tuvo que escuchar la alocución del ayuntamiento reclamándole la retirada de la ley de ayuntamientos. Le siguieron las corporaciones municipales de Zaragoza y Lérida. Paralelamente, la Milicia Nacional enviaba misivas a Espartero solicitándole que se opusiese a dicha ley que iba contra el Pueblo. 

Si lo primero no surtió efecto más allá de enfadar a María Cristina, lo segundo convenció a Espartero de la inconstitucionalidad y antipopularidad del proyecto moderado. Ya cerca de Barcelona, el General y la Regente se entrevistaron. El primero le pidió a la segunda que no sancionase la polémica ley. Ésta se negó. El 30 de junio de 1840, la reina, al regente y toda la comitiva entraron en una Barcelona con ambiente prerrevolucionario. Se sucedieron las conversaciones, las negociaciones, los cambios de ministerio, y algunos altercados con barricadas incluidas -entre ellos el motín de las levitas- hasta que finalmente, María Cristina sancionó la Ley de Ayuntamientos. 

A partir de ahí, al revolución estaba en marcha. El 22 de agosto María Crisitna de Borbón abandonó Barcelona, ciudad en que se sentía insegura, camino de Valencia. Paralelamente, en Madrid, el ayuntamiento progresista aprovechaba el vacío de poder provocado por  el viaje de la regente y el gobierno. El 7 de julio habían celebrado por todo lo alto al fiesta cívica del Siete de Julio en conmemoración de los sucesos de 1822 (véase http://lamiradahistorica.blogspot.com.es/2013/07/siete-de-julio-de-1822-fiesta-casi.html=). Los rumores en la Puerta del Sol se sucedían, algunos moderados huían de la ciudad, se organziaban reuniones cada vez menos clandestinas... 

El 1 de septiembre de 1840, el ayuntamiento de la capital organizó una sesión abierta que más parecía una sablea ciudadana pues había gente "hasta las escaleras que bajaban hasta la plaza de la villa, también con numeroso público". El alcalde primero, Joaquín María Ferrer, ordenó movilizar  ala Milicia Nacional a las dos de la tarde, milicianos dispuestos a "defender con las armas los derechos del pueblo torpemente hollados con la ley de ayuntamientos". El jefe político de la provincia .moderado- fue a poner orden a la incipiente rebelión logrando ser arrestado. El Capitán General Aldama se presentó en las cercanías del ayuntamiento con tropas, siendo recibido con fuego de fusilería de la Milicia Nacional. El ayuntamiento madrileño se trasladó a la Casa de la Panadería, acompañado de numerosa muchedumbre que entonaba el Himno de Riego. A las 7 de la tarde redactó un bando llamando al vecindario a tomar las armas en defensa de la Libertad y propuso nombrar una Junta revolucionaria, que se nombró con acuerdo de la corporación municipal, la Diputación provincial y la Milicia Nacional.  Como presidente de la Junta quedó Ferrer, y le acompañaban Pedro Beroqui, Pío Laborda, Fernando Corradi, José Portilla, Sainz de Baranbda y Valentín Llanos. Lo primero que hizo la Junta fue escribir a Espartero. 

El movimiento de rebeldía se extendió como un reguero de pólvora por todo el país: se crearon juntas en Zaragoza, Burgos, Cáceres, Cartagena, Málaga, Granada... en menos de una semana. Ante esta situación, María cristina solicitó a Espartero que marchase con sus tropas a Madrid para reprimir el levantamiento. Espartero se negó, diciendo que los insurrectos no eran "una pandilla de anarquistas", sino el Pueblo español en defensa de sus libertades. Desesperada, María Crisitna dio el gobierno a Espartero y los progresistas. era tarde. Solo le restaba el exilio, al que partió en octubre. Espartero quedó entonces como regente provisional y presidente del gobierno. Los progresistas, de nuevo en el poder, derogaron la ley de ayuntamientos moderada. Durante el trienio esparterista el sistema liberal español fue el más avanzado de toda Europa occidental. 

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Para redactar esta entrada me he servido de diversas lecturas, entre ellas FONTANA, Josep, La época del liberalismo, Crítica-Marcial Pons, Barcelona, 2007; GARRIDO MURO, Luis, El nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el primer liberalismo español (1834-1849). Tesis doctoral dirigida por Carlos Dardé Morales, Universidad de Cantabria, 2012; BURDIEL, Isabel, Isabel II. Una biografía (1830-1904), Taurus, 2010; además de los apuntes tomados en la clase de "Construcción del Estado contemporáneo en España" -asignatura de la Licenciatura en Historia en al U. Z. impartida por la Dra. Carmen Frías-. 
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Daniel Aquillué Domínguez.

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